Violencia política
Entre 1980 y 1990 el Perú vivió un proceso de violencia política, en el cual los movimientos socio-políticos denominados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tuvieron entre otras zonas de incursión el departamento de Apurímac. En este periodo tanto hombres como mujeres resistieron a la ideología impuesta, sin embargo en su mayoría las mujeres fueron el blanco de la guerra, no porque constituyeran una amenaza sino como un medio para herir o castigar a sus hombres, sean estos padres, hermanos o hijos, en la mira de uno u otro bando de la guerra.
En Grau se distingue dos fases de esta etapa, la primera entre 1987-1990, de control subversivo. La organización social y política se desarticula y destruye, y se pierde el interés por representar a autoridades provinciales. Prima el interés de protección de la vida y la seguridad. Diversas consecuencias se presentan en torno a la subversión, siendo las más importantes: el estancamiento e incluso el retroceso del desarrollo, con características como la desaparición de los derechos humanos, derechos de reunión y opinión, el abandono de la actividad agropecuaria y la deserción escolar. Sin embargo, algunos problemas como el alcoholismo y el abigeato tenían tendencia a disminuir.
La segunda fase, entre 1990-2000, es de control militar. Si bien se permite la libertad de culto, derechos de opinión y reunión, son restringidos y bajo vigilancia militar. La presencia del Estado es mayor y se atiende algunos problemas como el mejoramiento de la infraestructura vial y servicios básicos (agua, electricidad, educación).
En el desarrollo de estas etapas la capital provincial, Chuquibambilla, fue atacada por su condición de sede de las actividades político-administrativas y por albergar a la sede de la Policía Nacional del Perú. Luego de los enfrentamientos con Sendero Luminoso, las fuerzas militares instalarán una base en este lugar. De manera similar se registraron incursiones en los distritos de Totora Oropesa (Prov. de Antabamba) y Coyllurqui (Cotabambas), entre otros. Este tiempo significó no sólo para el departamento de Apurímac, sino también para el país, la pérdida de vidas humanas, de infraestructura y de recursos económicos; a la par se incrementaron las migraciones y por tanto la fuga de capital humano valioso. Por otro lado, no sólo se habla de violaciones y tortura, sino también del despojo de animales, casas y bodegas.
Algunos cambios, aún se mantiene hasta la presente década. La acción legal más importante que trató de cambiar el sistema de tenencia de la tierra fue la Ley de Reforma Agraria 17716, que afectó las grandes propiedades, en favor de la población indígena, convertidas en comunidades campesinas, que albergan al grueso de la población del departamento. Sin embargo, la referida ley sólo afectó al 5% de las propiedades, provocando un reacomodo dentro de los intereses de las clases dominantes locales.
En el período de 1968 a 1980 las autoridades grauinas no fueron elegidas, existía un gobierno digitado; en este contexto las comunidades campesinas fortalecen su organización y constituyen la Federación Agraria Revolucionaria de Apurímac (FARA), apoyadas por la movilización social promovida por SINAMOS. En 1979, la elección de las autoridades no se orientó significativamente hacia un proceso democrático, seguían eligiendo las minorías, el cambio se inicia con la organización de las comunidades.
Vemos así que en el contexto histórico Apurímac, y particularmente la provincia de Grau, se ha desenvuelto económica y socialmente en un ambiente de dominación minoritaria y marginación de las mayorías, sin un ordenamiento y planificación en la explotación de sus recursos, tanto humanos como naturales, con una explotación perfectamente de acuerdo a los intereses de los grupos dominantes y en desmedro de la mayoría de la población